Santo Domingo, 05 de junio de 2026. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, cuya función es administrar justicia, resolver conflictos y hacer cumplir la ley. Debe contar con autonomía presupuestaria real y jueces imparciales e independientes, sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de las normas vigentes, sin obedecer a intereses, presiones o voluntades ajenas al derecho mismo. No es una institución auxiliar ni subordinada; es la columna vertebral que sostiene la convivencia civilizada y el propio sistema democrático.
La división de poderes, formulada por Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes, no fue una simple invención teórica, sino una respuesta histórica al abuso y a la tiranía. Su principio fundamental —"el poder detiene al poder"— establece que cada órgano debe ser independiente para controlar y equilibrar a los otros. Ningún país puede llamarse democrático ni aspirar al progreso si no cuenta con una justicia autónoma, capaz de juzgar con igual rigor las actuaciones de los poderes del Estado y de toda la ciudadanía en sentido general. Cuando este equilibrio se rompe, la libertad corre peligro y la democracia se vacía de contenido.
El verdadero sentido de la ley es ordenar y regular las relaciones humanas, pero una norma sin jueces que apliquen sanciones cuando correspondan son letras muertas, un simple consejo sin fuerza. Su eficacia radica precisamente en ese carácter coercitivo: la certeza de que su transgresión trae consecuencias. Es esa prevención, ese temor legítimo a la pena, lo que induce a las personas a respetar el orden y a convivir bajo reglas comunes. Sin esa capacidad de imponerse, la ley pierde su razón de ser y la sociedad queda a merced de la fuerza o el capricho.
Por ello, el Poder Judicial juega un papel preponderante y constituyente. Debe ser la institución más fuerte y creíble del Estado, pues es la única que puede garantizar que todos estemos protegidos, incluso frente al propio poder público. Ningún Estado funciona adecuadamente si no hay respeto absoluto a la ley; y ese respeto nace de la confianza en quien la aplica. Como expresó el pensador Frédéric Bastiat: "La ley es la organización del derecho natural que existe para defender la vida, la libertad y la propiedad de todos". Si falla la defensa, falla el contrato social que nos une como nación.
Los jueces, por tanto, deben basar sus decisiones estrictamente en la norma, nunca en conveniencias, presiones o criterios políticos. La justicia es el pan de los pueblos: sin ella, la sociedad pasa hambre de derechos, seguridad y dignidad. Quien administra justicia no gobierna, pero sí pone el límite para que el gobierno no se vuelva arbitrario. Su independencia no es un privilegio personal, sino una garantía colectiva sin la cual la democracia es solo una formalidad.
Esta lógica de orden y equilibrio no es exclusiva de lo humano; está inscrita en la naturaleza misma. El universo funciona bajo leyes invariables que mantienen el equilibrio del planeta y la vida. Cada ser vivo las respeta, muchas veces por instinto, simplemente porque es la única forma de coexistir. La sociedad humana no es distinta: también necesita reglas claras, estables y aplicables, sin excepciones, para no caer en el caos.
Las leyes, entonces, deben aplicarse a todas las personas sin distinción. Existen figuras como la jurisdicción privilegiada para algunas autoridades que, por la función que desempeñan la ley le concede esa prerrogativas, pero es solo una cuestión de forma establecida por la propia norma, nunca para otorgar impunidad ni trato preferencial en el fondo. La obligación de respetar y acatar la norma es igual para el ciudadano común que para el funcionario de mayor jerarquía.
Tal como afirmó Montesquieu con contundencia: "Las leyes deben ser como la muerte, que no hace excepción con nadie". Esa es su esencia: igualdad absoluta. Cuando se abre la puerta a privilegios, a excepciones o a tratos diferenciados, se destruye la credibilidad del sistema y se abre la puerta al abuso. La norma deja de ser ley para convertirse en instrumento de favor o de venganza, y la democracia se resquebraja.
La historia nos ha enseñado con tragedia qué ocurre cuando se olvida este principio. Una de las causas determinantes del colapso del Imperio Romano fue su propia expansión: creció tanto, se extendió tanto, que fue imposible mantener el imperio de la ley en todo su territorio. La justicia dejó de llegar a todos, las normas dejaron de cumplirse por igual, y la estructura se derrumbó. Lo mismo ocurre hoy: si la ley no llega a todos por igual, el Estado se debilita y la columna vertebral se quiebra.
Hoy, sin embargo, debemos señalar con claridad y preocupación una falla estructural grave en nuestra República Dominicana: el Poder Ejecutivo no ha destinado ni garantizado los recursos presupuestarios necesarios para que el Poder Judicial cumpla su función. La Ley 194-04 establece un total del 4.10 % del Presupuesto Nacional para el sistema de justicia, del cual corresponde el 65 % al Poder Judicial y el 35 % al Ministerio Público. Esto significa que al Poder Judicial le corresponde legalmente un 2.665 % del presupuesto general del Estado. No obstante, la realidad es que año tras año se asigna una cifra muy inferior a ese porcentaje establecido: insuficiente para garantizar operatividad, tecnología adecuada, personal capacitado y la infraestructura digna que requiere la administración de justicia. No es un tema de escasez de recursos, es una decisión política de incumplir la ley.
Esta falta de inversión no es un recorte administrativo más; es una agresión directa a la independencia judicial. Al mantener al Poder Judicial con presupuestos precarios, instalaciones inadecuadas, equipos obsoletos y personal insuficiente o mal remunerado, se lo hace dependiente, vulnerable y débil. Quien controla los recursos, controla la capacidad de actuar. Y un poder que depende económicamente de otro poder del Estado pierde su esencia, deja de ser contrapeso para convertirse en parte subordinada. Así, la columna vertebral pierde fuerza y ya no puede sostener la democracia.
Los jueces deben ser íntegros y justos, sí; pero no se les puede pedir independencia real si no se les dan los medios para serlo. La integridad personal es necesaria, pero no basta si el sistema está diseñado para ser precario. Esa justicia solo podrá merecer el respeto del pueblo si cuenta con las condiciones mínimas para actuar sin coacciones ni limitaciones impuestas por la falta de recursos.
Fortalecer el Poder Judicial y dotarlo de todo lo necesario no es un gasto, es la inversión más segura para la estabilidad, el desarrollo y la paz social. La seguridad jurídica —que es lo que permite invertir, trabajar, contratar y vivir tranquilos— depende enteramente de que tengamos una justicia fuerte, autónoma y creíble. Mientras el presidente de la República continúe negando los recursos que la Constitución y las leyes exigen, estará debilitando la democracia misma. No podemos hablar de un sistema democrático sólido si descuidamos su columna vertebral: una justicia libre, autónoma y bien dotada.
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