Santo Domingo.- La familia es la institución más antigua de la humanidad. Existió antes que el Estado, antes que las leyes escritas, antes que cualquier religión organizada. Nació con la propia especie humana, como necesidad natural de protección, crianza y supervivencia. No es una invención de gobiernos ni de modas pasajeras: es el cimiento sobre el que se ha construido toda civilización. Por eso, cuando se pretende redefinirla, se está tocando la raíz misma de la sociedad.
Debemos rescatar los valores que dieron origen a la familia. El matrimonio, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la unión de un hombre y una mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. De la unión de ese hombre y esa mujer —ya sea mediante el matrimonio, la unión consensual o, de hecho— se forma la familia, que no es más que el grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad.
La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 55, es clara al definir la familia como el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Establece expresamente que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El texto constitucional no deja lugar a dudas: el legislador concibió el matrimonio y la familia sobre esa base, y el Estado tiene el deber de promoverlos y protegerlos.
Lo ocurrido al inicio de esta semana, cuando Aris Doris Resto Holguín, que se identifica como Jayden Resto Holguín, y Miguel José Balaguer de la Rosa, que se identifica como Regina Balaguer de Resto, contrajeron matrimonio civil en nuestro país, nos invita a reflexionar como sociedad. Sin entrar a juzgar a las personas ni sus sentimientos, es necesario señalar que, más allá de cómo cada quien se identifique o se presente ante la sociedad, los nombres que constan oficialmente en el Registro Civil no se alteran: uno fue registrado como mujer y el otro como hombre. Que ambos sientan o asuman roles distintos, o que hayan modificado su nombre o su apariencia, no cambia el hecho fundamental de su naturaleza legal y biológica. Esas decisiones personales, respetables en el ámbito privado, no redefinen la institución del matrimonio tal como está consagrada en nuestra Constitución.
Siempre que se trate de un hombre y una mujer que asuman el compromiso de contraer matrimonio, el Estado está en la obligación de garantizarles sus derechos, aun cuando se trate de una persona registrada como mujer que siente que es hombre y decida libremente casarse con una persona registrada como hombre que se siente mujer. Ellos se casaron sin ningún impedimento legal aparente, empero, me resulta sospechoso la publicidad masiva que se le dio a esta convención como si se tratara de figuras preeminentes de la sociedad. Algo así no ocurre al azar; es dirigido por agendas oscuras que pretenden confundir a la sociedad para preparar un escenario propicio para que estas uniones antinatura sean percibidas como normales.
Si esa minoría logra imponer su visión como norma general, estaríamos ante el principio del fin de la humanidad misma. Por más que una persona sienta o afirme ser lo que no es, la realidad biológica no se altera: un hombre que se cree mujer no tiene la capacidad de embarazar a una mujer de verdad, y una mujer que se cree hombre no puede concebir ni quedar embarazada por un hombre que se siente mujer. La reproducción de la especie humana depende de la unión real y biológica de un hombre y una mujer. Si se borra esa distinción natural, se destruye también la base sobre la que se perpetúa la vida humana.
Cada persona es libre de desarrollar su personalidad de la manera que considere conveniente, y la Constitución misma lo garantiza. En el artículo 43 se protege el libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. En eso nadie debe interferir. Sin embargo, esa libertad individual no implica que el conjunto de la sociedad deba aceptar como redefinida una institución que el pueblo dominicano, mediante su ley suprema, estableció sobre una base específica. Lo que ocurra en la vida privada de las personas, o en decisiones que solo a ellos atañen, no vincula al pueblo dominicano ni lo obliga a modificar sus principios, sus valores ni el ordenamiento jurídico que nos rige a todos.
No se trata de perseguir ni de condenar a nadie. Se trata de no confundir lo personal con lo institucional. Cada quien es libre de vivir su vida, pero esa libertad no puede imponerse como norma a toda una nación que ha construido su convivencia sobre ciertos principios. Las instituciones no se redefinen por la voluntad de unos pocos, sino por la voluntad soberana del pueblo expresada en la Constitución. Mientras esa no sea reformada, el matrimonio seguirá siendo lo que siempre ha sido: la unión de un hombre y una mujer, base de la familia y fundamento de la sociedad.
La familia es la célula más importante de la sociedad y, como tal, debe ser cuidada y protegida por todos. El respeto a la Constitución significa aceptar que existen instituciones cuyo fundamento no depende de modas ni de deseos individuales, sino de decisiones que dan forma a nuestra identidad como nación. Garantizar la libertad de cada uno no significa imponer al conjunto de la nación una visión distinta de aquella que la ley ha establecido. La libertad de una persona termina donde empieza la institución que el pueblo ha decidido preservar para el bien de todos.
Concluyamos recordando que la familia no es creación nuestra: es la herencia más antigua y sagrada que recibimos de nuestros antepasados. Nada debe pretender alterar su esencia, porque al hacerlo no solo se desdibuja una institución, sino que se debilita el futuro de toda la sociedad. Protegerla es el deber de cada generación, porque lo que ha perdurado desde el origen de la humanidad no puede ser borrado por caprichos de la moda ni por decisiones de unos pocos.
Autor: Edwing Yoel Pascual Hernández, licenciado en derecho
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Sobre Edwing Yoel Pascual Hernández
Nacido el 20 de febrero de 1984 en Monte Plata, abogado de profesión y oficio con 17 años de experiencia en ejercicio, ha acumulado un vasto conocimiento en diversas áreas del derecho, incluyendo derecho penal, civil, laboral, inmobiliario, corporativo y administrativo.
Antes de establecerme como abogado, me desempeñé como alguacil ordinario de la Cámara Penal del Departamento Judicial de Santo Domingo, lo que me brindó una valiosa perspectiva sobre el sistema judicial.
En la actualidad soy estudiante de término en la carrera de Comunicación Social.
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