Santo Domingo.- Cuando leí en la prensa que treinta niños murieron durante los meses de julio y agosto en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, tuve que contener la respiración para retener las lágrimas que brotaron de mis ojos. Algo dentro de mí se preguntó por qué tanto desprecio por la vida humana.
Y lo más lamentable de todo: no es la primera vez que ocurre. Ya antes se registraron situaciones similares en ese mismo centro sanitario, con brotes infecciosos que cobraron vidas de recién nacidos sin que se tomaran medidas definitivas.
Tampoco es la única instalación hospitalaria del país donde se han denunciado muertes por falta de higiene y control sanitario. Una y otra vez se repite la misma historia: alarma, titulares, promesas… y luego el olvido, hasta que la siguiente tragedia se convierta en noticia y sustituya a la actual.
Las muertes se produjeron por la presencia de bacterias peligrosas en las instalaciones del centro de salud, entre ellas Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella y Serratia marcescens, halladas en el agua de la cisterna, salas de cirugía, perinatología y cuidados intensivos. Estos patógenos, que proliferan ante la falta de higiene y saneamiento adecuado, aprovecharon la fragilidad de los recién nacidos para causar infecciones graves y mortales.
Frente a esta realidad, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe intervenir de inmediato este centro de salud. No se puede esperar un día más. Debe investigar, dictar medidas urgentes, suspender servicios riesgosos, exigir correcciones y nombrar una comisión de expertos independientes que determine causas y responsables. En sentido general, adoptar todas las medidas pertinentes para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir.
El Gobierno, como administrador de los fondos públicos y actuando como un buen padre de familia, tiene la obligación ineludible de velar por la salud de todos desde la concepción y durante toda la vida de las personas.
La Constitución de la República Dominicana lo establece con toda claridad. En su artículo 61, consagra:
"El Estado garantiza el derecho a la salud de todas las personas. Deberá proveer, por medio de leyes y políticas públicas, los accesos igualitarios a los servicios de salud, así como la promoción y protección de la misma".
Y en su artículo 39, reafirma:
"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y, en consecuencia, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal."
No se trata de favores ni de caridad: son derechos fundamentales escritos con tinta indeleble en nuestra Carta Magna. Cuando un centro de salud no garantiza agua limpia ni ambiente seguro, el Estado está incumpliendo la Constitución que juró respetar. No hay excusa válida: la ley es clara, igualitaria y obligatoria para todos.
Este es un país sui géneris: aquí ocurren cosas que no se ven en otra parte del mundo. Y no me vengan con el discurso de la falta de recursos. Esa excusa barata ya ofende. Más que dinero, lo que falta es responsabilidad y compromiso. Como dijo Hipócrates: "Donde hay amor a la humanidad, hay amor al arte de curar." Mantener el agua limpia, desinfectar las salas, vigilar que se cumpla lo básico… eso no necesita millones, necesita eficiencia y voluntad.
Esos treinta rostros pequeños que perdieron la vida en julio y agosto no eran estadísticas. Eran hijos de padres que confiaron en el sistema sanitario y el Estado les falló. Si sus familias hubieran tenido recursos, hoy estarían vivos. Esa es la verdad dura que nadie quiere decir. Cuando la vida de unos vale menos que la de otros, no es falla del sistema: es injusticia social.
Por eso no podemos quedarnos callados. El Ministerio Público debe investigar hasta las últimas consecuencias. Que se sepa quién autorizó, quién supervisó, quién calló. Que cada nombre tenga una respuesta. Porque permitir que mueran nuestros niños sin motivo ni remedio, es algo que marca a toda una nación.
Sumamos mil noventa muertes infantiles en lo que va del año. Detrás de cada cifra hay una familia que se rompe. ¿Hasta cuándo? Es hora de decidir: ¿queremos seguir normalizando esto? ¿O vamos a exigir que se proteja la vida de nuestros niños?
Porque cada niño que nace en esta tierra merece, al menos, tener la oportunidad de vivir. Y garantizarlo no es un favor: es el deber primero de todo Estado que se digne de llamarse civilizado.
Autor: Edwing Yoel Pascual Hernández, licenciado en derecho
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Sobre Edwing Yoel Pascual Hernández
Nacido el 20 de febrero de 1984 en Monte Plata, abogado de profesión y oficio con 17 años de experiencia en ejercicio, ha acumulado un vasto conocimiento en diversas áreas del derecho, incluyendo derecho penal, civil, laboral, inmobiliario, corporativo y administrativo.
Antes de establecerme como abogado, me desempeñé como alguacil ordinario de la Cámara Penal del Departamento Judicial de Santo Domingo, lo que me brindó una valiosa perspectiva sobre el sistema judicial.
En la actualidad soy estudiante de término en la carrera de Comunicación Social.
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