Cualquier ciudadano que vea cómo su salario apenas alcanza para llegar a fin de mes se pregunta por qué tenemos que sostener un Congreso tan numeroso y con tantos privilegios. La reforma constitucional de 2024 dispuso reducir la Cámara de Diputados de 190 a 170 escaños para el año 2028, pero esa reducción es insuficiente ante las necesidades económicas del país.
Hoy, más que nunca, el momento es propicio para transformar nuestro sistema legislativo en un Congreso unicameral, integrado por un solo representante por cada provincia y el Distrito Nacional, es decir, 32 legisladores en total. Hay que suprimir también figuras costosas e inoperantes, como los diputados nacionales y los diputados de ultramar, e instaurar filtros rigurosos que eleven el nivel ético, moral y profesional de quienes aspiren a legislar.
Para comprender cuán inflado está nuestro Congreso, basta compararlo con dos grandes potencias económicas y poblacionales del planeta: los Estados Unidos de América y la República Popular China. Ambos organizan sus legislaturas conforme a sus demarcaciones internas, sin curules de reparto partidario ni escaños reservados para la diáspora. En cambio, República Dominicana multiplica los puestos legislativos sin ninguna justificación demográfica.
Estados Unidos de América, con más de 343 millones de habitantes distribuidos en 50 estados, funciona con 535 congresistas con voto: 435 representantes distritales y 100 senadores estatales. No existen diputados nacionales por listas partidarias ni diputados electos en el extranjero; los ciudadanos estadounidenses residentes fuera del país votan desde su último estado de residencia. Esto equivale a 1.6 legisladores por cada millón de habitantes, un congresista por cada 641,126 ciudadanos.
China, la segunda nación más poblada del mundo, con 1.412 millones de personas, cuenta en su Asamblea Popular Nacional con 2,977 diputados elegidos por circunscripciones territoriales y sectores institucionales internos, sin curules nacionales partidarias ni diputados de ultramar. Esto representa apenas 2.1 legisladores por cada millón de habitantes, un representante por cada 474,610 personas.
República Dominicana, con apenas 11.6 millones de habitantes, sostiene un cuerpo de 222 legisladores: 32 senadores, 178 diputados territoriales, 5 diputados nacionales por acumulación de votos y 7 diputados de ultramar. Esto arroja una desproporcionada tasa de 19.1 legisladores por cada millón de habitantes, un congresista por cada 52,252 ciudadanos.
En proporción a su población, República Dominicana tiene 12 veces más legisladores que Estados Unidos de América y 9 veces más que China. Si adoptamos la propuesta de un solo representante por provincia, 32 en total, y elimináramos las curules nacionales y del exterior, pasaríamos a contar con 2.7 legisladores por millón de habitantes, una cifra racional, acorde con la realidad económica y demográfica del país.
Mantener esta estructura sobrecargada supone una carga financiera enorme para el contribuyente. Según los datos de ejecución presupuestaria del año 2025, el Poder Legislativo dominicano consumió RD$9.934.900.000 en un solo año. De esa suma, RD$6.646.400.000, el 66,9 %, correspondieron a la Cámara de Diputados, mientras que RD$3.288.500.000, el 33,1 %, fueron ejecutados por el Senado. Esta cifra sitúa a República Dominicana como el cuarto país de América Latina con mayor gasto legislativo por habitante, US$13.9, por encima del promedio regional.
Gran parte de ese dinero sostiene una burbuja económica muy alejada de la realidad del ciudadano común, donde los legisladores disfrutan de un conjunto de beneficios difíciles de justificar.
Además de un sueldo base bruto cercano a RD$320,000 mensuales, los congresistas reciben pagos adicionales por gastos de representación, viáticos y asignaciones de combustible. A diferencia de cualquier trabajador que percibe un salario fijo por cumplir su jornada, ellos cobran incentivos extra por asistir a las sesiones del Pleno, alrededor de RD$6,000, y por participar en reuniones de comisiones, unos RD$4,500, incluso cuando asisten como simples invitados sin derecho a voto.
Cada legislador puede importar dos vehículos libres de impuestos durante su período de cuatro años. Se trata de un beneficio con escasos controles, históricamente cuestionado, porque muchas veces se convierte en un negocio de venta de exoneraciones para vehículos de alta gama.
El llamado “barrilito” en el Senado, con una base de RD$400,000 mensuales más un peso por cada elector de la provincia, y los fondos de ayudas sociales en la Cámara de Diputados, desvían la atención de la labor legislativa y fomentan el clientelismo político con recursos del Estado.
A lo largo del año reciben partidas extraordinarias en fechas como el Día de las Madres, Semana Santa y Navidad. Cuentan, además, con seguro médico internacional, pasaporte diplomático y un régimen de pensión privilegiado: pueden jubilarse con entre el 60 % y el 80 % de su sueldo tras apenas 10 o 15 años de aportes, cuando al resto de los trabajadores se les exigen 30 años.
Dentro de esta reestructuración, es indispensable suprimir tanto los escaños de los diputados nacionales como los de ultramar. En la práctica, los diputados nacionales se han convertido en premios de consolación o reparticiones de las cúpulas partidarias, sin un vínculo directo con sus electores. Por su parte, los diputados de ultramar generan un gasto elevado en viáticos internacionales, boletos aéreos y oficinas en el exterior, sin que su trabajo se traduzca en soluciones concretas para la diáspora, cuya atención corresponde a la red de consulados y embajadas del servicio exterior. Como demuestra el modelo estadounidense, los ciudadanos residentes en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto desde su demarcación de origen, sin necesidad de crear una burocracia parlamentaria paralela.
La Constitución asigna tres funciones esenciales a todo legislador: representar, legislar y fiscalizar. Sin embargo, en la práctica, la mayoría no cumple esos mandatos. Es frecuente que las sesiones se suspendan por falta de quórum, que pocos dominen los proyectos técnicos debatidos en las comisiones, que aprueben préstamos sin leerlos y que exista una alarmante pasividad en la fiscalización al Poder Ejecutivo y a las instituciones públicas.
Tener dos cámaras legislativas no ha generado mejores leyes ni un mayor control político; por el contrario, ha duplicado los trámites, retrasado proyectos prioritarios y multiplicado una nómina de asesores, asistentes, choferes y personal administrativo que consume gran parte de esos casi RD$10,000 millones de pesos anuales.
A ese deterioro institucional se suma la necesidad urgente de elevar la categoría ética, intelectual y moral de nuestros representantes. Hoy, el dinero fácil y el clientelismo han desplazado el mérito y la vocación de servicio, llenando el Congreso de personas vinculadas a negocios de dudosa reputación, que buscan el fuero parlamentario para proteger intereses particulares, en lugar de defender el bien común. El país necesita que las curules sean ocupadas por ciudadanos honorables, profesionales íntegros y líderes comunitarios con solvencia moral y preparación para debatir el destino de la nación.
Pasar de 222 legisladores a una sola cámara de 32 representantes, una reducción del 85.6 % de la nómina congresual, y eliminar los privilegios mencionados, permitiría recortar entre un 80 % y un 85 % del gasto operativo actual. En términos concretos, el Estado dominicano podría sostener un Congreso moderno y funcional con entre RD$1,500,000.000 y RD$1,980,000.000 millones de pesos anuales, generando un ahorro directo de entre RD$7,948,000.000 y RD$8,445,000.000 millones de pesos cada año. En un período constitucional de cuatro años, eso supondría más de RD$31,700, millones de pesos liberados para invertir en hospitales, escuelas, acueductos y seguridad ciudadana….
Aunque esta reducción, comparada con el volumen total del Presupuesto Nacional, pueda parecer una cifra modesta, es el punto de partida necesario para sanear la nómina pública. No se puede pretender corregir todo de una vez, pero por algo hay que empezar, y el Congreso, por su propia ejemplaridad, debe dar el primer paso.
Pero lo más importante es que obligaría a los partidos políticos a presentar a sus mejores cuadros, y a la sociedad a exigir estándares más altos de idoneidad. Con un solo representante por provincia, el electorado podrá vigilar de forma clara la trayectoria y el desempeño de su legislador, sin espacio para excusas ni dilución de responsabilidades.
La verdadera democracia no se mide por la cantidad de curules ni por el lujo de quienes las ocupan, sino por la transparencia, la estatura moral y el compromiso real con el país.