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Santo Domingo.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazaron la solicitud de variación de la medida de coerción impuesta contra siete de los diez imputados en el caso de presunta corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), en el que, según el Ministerio Público, se habría producido un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos.

Con esta decisión, el tribunal confirmó la prisión preventiva por 18 meses, dictada en diciembre pasado, contra Santiago Hazim y otros seis imputados. Estos permanecen recluidos en los centros de correcciónLas Parras y Najayo Mujeres.

Entre ellos figuran Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico. También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alán Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Durante la lectura del dispositivo, la Corte rechazó tanto los planteamientos del Ministerio Público orientados a declarar inadmisibles los recursos de apelación, como los argumentos de inconstitucionalidad presentados por la defensa. Asimismo, declaró inadmisible el recurso interpuesto por actores civiles, al considerar que carecían de calidad procesal para apelar la decisión inicial.

En cuanto al fondo, los magistrados desestimaron los recursos de apelación presentados por los imputados, ratificando en todas sus partes la resolución del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que impuso la prisión preventiva como medida de coerción, al entender que esta mantiene un fin estrictamente procesal y no constituye una pena anticipada.

Tras la decisión, abogados de la defensa expresaron su desacuerdo con el fallo, aunque afirmaron que lo respetan por tratarse de una resolución judicial. Indicaron que continuarán utilizando los mecanismos legales disponibles para procurar la libertad de sus representados y sostuvieron que el proceso aún no ha concluido.

Por su parte, representantes legales vinculados a las partes querellantes calificaron la decisión como contraria a los intereses de la justicia. Anunciaron que recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia, alegando que el fallo favorece la impunidad y limita los derechos de las víctimas en un caso de alto impacto social.

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