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Santo Domingo.- Rendir cuentas no es solo un trámite; es la radiografía de la vida institucional. En esencia, la rendición de cuentas obliga a que lo que se hace se haga visible, que se explique ante una autoridad superior —pública o privada— y, en última instancia, ante la ciudadanía. En un Estado social y democrático de derecho esto deja de ser una cortesía para convertirse en un deber republicano: es la herramienta que permite evaluar si una institución cumple su misión y si los recursos públicos se administran con eficiencia y transparencia.

La rendición de cuentas cumple funciones múltiples: es control, legitimidad y mejora. Control porque permite fiscalizar el desempeño; legitimidad porque establece un diálogo entre gobernantes y gobernados; mejora porque obliga a corregir rumbos y a planificar con vista al futuro. Cuando una gestión es proactiva y tiene visión estratégica, la rendición de cuentas se transforma en un instrumento para aprender y consolidar institucionalidad. Cuando es meramente ritual —repetición de cifras sin contexto, frases hechas y ausencia de metas claras—, se convierte en autoengaño, pues una gestión sin ideas, sin logros, sin continuidad, sin un plan estratégico sólido, no rinde cuentas.

En la República Dominicana, la constitución exige que el Presidente rinda cuentas anualmente ante el Congreso Nacional (artículo 114). Ese mandato constitucional no es simbólico: reclama explicación, responsabilidad y resultados. No basta con enumerar obras o partidas presupuestarias; la rendición debe mostrar impacto: qué problemas resolvieron las acciones, a qué costo y con qué sostenibilidad. Solo así responde al espíritu democrático que inspira la norma, esta exigencia tiene lugar cada 27 de febrero ante la asamblea nacional.

Sin embargo, la práctica revela tensiones. Existen déficits técnicos —informes incompletos, ausencia de indicadores comparables— y déficits políticos —uso propagandístico de la rendición, opacidad en procesos clave—. Superarlos exige institucionalizar estándares claros: indicadores de gestión medibles, auditorías independientes, plazos para respuestas públicas y mecanismos que permitan a la sociedad civil y al Congreso cuestionar y exigir correcciones. La rendición debe ser comprensible para cualquier ciudadano, no un discurso hermético para especialistas.

Rendir cuentas, en fin, es un acto político y moral. Es la prueba de fuego de la democracia: no solo demostrar que se hizo, sino demostrar por qué y con qué efectos. Cuando la rendición es honesta y rigurosa, fortalece instituciones y confianza pública; cuando es simulacro, erosiona la legitimidad y perpetúa la ineficacia. En la República Dominicana, como en cualquier democracia madura, la rendición de cuentas debe ser práctica cotidiana, no excepción ritual.

Autor: Roberto Yoel Henríquez

Sobre Roberto Yoel Henríquez

Roberto Yoel Henríquez es un abogado que se ha desempeñado como defensor público en la Oficina Nacional de Defensa Pública, institución dedicada a garantizar el acceso a la justicia de personas con limitaciones económicas; a lo largo de su trayectoria ha logrado sentencias absolutorias en favor de ciudadanos acusados injustamente, lo que refleja su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, además ha escrito artículos sobre la modernización del sistema judicial y ha participado en programas radiales y conferencias en los que aborda temas como la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, destacándose como un jurista que impulsa un sistema más inclusivo y justo en la República Dominicana.

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