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Santo Domingo.- La República Dominicana, nación libre e independiente, ostenta el derecho soberano de aplicar sus propias políticas migratorias. Sin embargo, potencias influyentes en el ámbito internacional pretenden imponernos, con perversa insistencia, la carga de resolver los problemas de la República de Haití.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- se ha transformado en un fiscal implacable y un juez sancionador que persigue, juzga y condena a países del llamado "tercer mundo", como el nuestro. Mientras las naciones de primer orden blindan sus fronteras y protegen su soberanía, esta Corte se muestra deliberadamente ciega, sorda, muda y obstinada en su parcialidad.

Ante tantos ataques despiadados de organismos cuya función debería ser la imparcialidad, al tomar partido abiertamente quedan descalificados ipso facto para conocer cualquier diferendo que se les someta.

Hoy, el momento es propicio para que los dominicanos de buena voluntad, imbuidos de patriotismo y un profundo sentido de nuestra historia, nos unamos en la defensa de nuestra patria. Debemos repeler los ataques de enemigos internos y externos que, con un arsenal de mentiras y tergiversaciones, buscan imponernos agendas ajenas a nuestra realidad.

Hemos presenciado cómo algunos gobiernos, con un discurso populista e irresponsable, han llegado al extremo de otorgar documentos a cientos de miles de haitianos mediante un "Plan Nacional de Regulación". Estas acciones, desprovistas de sustento legal, claman por ser anuladas. Confiamos en que, en un futuro no muy lejano, surja un liderazgo dotado de entereza, patriotismo, visión histórica y juicio necesario para desmantelar este adefesio. Porque la ilegalidad, por más ropajes que vista, jamás engendrará derecho.

Los países y organizaciones internacionales que hoy pretenden coartar nuestra facultad para aplicar nuestras leyes migratorias son, paradójicamente, los mismos que custodia celosamente sus propias fronteras con el látigo de la soberanía.

Ninguna nación ha demostrado mayor solidaridad hacia Haití que la República Dominicana. Y nuestra recompensa, con dolorosa frecuencia, es el desprecio y la agresión. Ha llegado la hora de un cambio estratégico: nuestro país debe transitar de la defensiva a la ofensiva, siempre actuando dentro del marco innegociable del respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Es a la Comunidad Internacional a quien corresponde acudir en auxilio de Haití. Poseen la logística y los recursos para ello, y no deben pretender imponer a la República Dominicana esta carga desmesurada. Nuestra nación es pobre, y no está en condiciones de asumir tal responsabilidad; primero, porque no le corresponde por ley ni por historia, y segundo, porque carece de la capacidad económica para hacerlo. Nuestra única respuesta, firme y categórica, será la aplicación inquebrantable de la Constitución Dominicana, la Ley General de Migración y su Reglamento de Aplicación.

Así, siguiendo el legado de nuestros Padres de la Patria y el ejemplo de Gregorio Luperón, debemos defender con firmeza nuestra soberanía, asegurando que la historia de nuestra nación continúe siendo escrita por sus propios hijos.

¡Viva la República Dominicana!

Autor: Edwing Yoel Pascual Hernández, licenciado en derecho

Sobre Edwing Yoel Pascual Hernández

Nacido el 20 de febrero de 1984 en Monte Plata, abogado de profesión y oficio con 17 años de experiencia en ejercicio, ha acumulado un vasto conocimiento en diversas áreas del derecho, incluyendo derecho penal, civil, laboral, inmobiliario, corporativo y administrativo.

Antes de establecerme como abogado, me desempeñé como alguacil ordinario de la Cámara Penal del Departamento Judicial de Santo Domingo, lo que me brindó una valiosa perspectiva sobre el sistema judicial.

En la actualidad soy estudiante de término en la carrera de Comunicación Social.

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