Santo Domingo.– En República Dominicana, es cada vez más claro que la corrupción y la impunidad se constituyen como las causas raíz de la mayoría de nuestros problemas sociales.
A diferencia de lo que sostuvo la ya desacreditada teoría del criminal nato de Cesare Lombroso —que en el siglo XIX postulaba una predisposición biológica a la delincuencia basada en rasgos físicos y prejuicios— hoy la ciencia confirma que el crimen es un fenómeno multifactorial, donde el entorno y las condiciones sociales juegan un papel determinante.
Sin embargo, es fundamental entender que ser pobre no convierte a nadie en corrupto o delincuente, al igual que ser rico no garantiza honradez ni seriedad. Cada persona es responsable de sus actos y debe ser juzgada por su conducta individual, no por pertenecer a un grupo social o profesional en particular.
He visto ejemplos concretos de esto: miembros de familias adineradas que han administrado recursos públicos con rectitud, al igual que personas de origen humilde que han servido al país con honor; pero también he presenciado cómo aquellos a quienes el pueblo ha elegido para gobernar y gestionar los bienes públicos son quienes con mayor frecuencia caen en la trampa de la corrupción.
Lo que resulta especialmente indignante es cuando quienes tienen sus necesidades económicas completamente resueltas —y que además cuentan con salarios y privilegios para desarrollar su labor— deciden robar el dinero del pueblo.
Ese dinero no es un botín sin dueño: está destinado a salvar vidas, a garantizar servicios de salud a los pobres, a cubrir tratamientos médicos para personas con enfermedades terminales que dependen de ellos para seguir viviendo.
A mi juicio, estos actos son peores que los cometidos por los criminales del bajo mundo. Si bien las actividades relacionadas con la “Cosa Nostra” y otros grupos criminales dañan a la humanidad, empero, en la mayoría de los casos nadie está obligado a producir, distribuir o consumir sustancias ilícitas; quienes ingresan a ese mundo lo hacen por voluntad propia, asumiendo los riesgos para su vida y libertad.
En cambio, aquellos que ocupan cargos políticos y desvían fondos públicos actúan con escaso peligro de ser sancionado, especialmente en un contexto como la Republica Dominicana donde la impunidad campea por sus fueros.
Es hora de que la sociedad dominicana reconozca a estos individuos que roban su dinero como los criminales que son, incluso más despreciables que los delincuentes comunes.
Cuando las personas en quienes depositamos nuestra confianza para administrar la cosa pública —nuestros representantes electos— dilapidan recursos en perjuicio de quienes les dieron su apoyo, están incurriendo en crímenes graves que laceran todo el tejido social.
No importa si luego utilizan parte de ese dinero robado para actos de caridad o para disimular su hurto: el daño ya está hecho.
Estos facinerosos que roban fondos públicos deben ser tratados como cualquier otro criminal, con las consecuencias legales que sus actos ameritan.
El político que se roba el dinero del pueblo no es un héroe: es un delincuente despreciable que debe ser sancionado con todo el peso de la ley.
Solo cuando rompamos este círculo de corrupción y acabemos con la impunidad podremos empezar a construir un país más justo y próspero para todos.
Autor: Edwing Yoel Pascual Hernández, licenciado en derecho
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Sobre Edwing Yoel Pascual Hernández
Nacido el 20 de febrero de 1984 en Monte Plata, abogado de profesión y oficio con 17 años de experiencia en ejercicio, ha acumulado un vasto conocimiento en diversas áreas del derecho, incluyendo derecho penal, civil, laboral, inmobiliario, corporativo y administrativo.
Antes de establecerme como abogado, me desempeñé como alguacil ordinario de la Cámara Penal del Departamento Judicial de Santo Domingo, lo que me brindó una valiosa perspectiva sobre el sistema judicial.
En la actualidad soy estudiante de término en la carrera de Comunicación Social.
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