En la República Dominicana, la postura de un grupo se divide en dos posiciones: la que exige mano dura y castigo inmediato para los supuestos infractores de la ley penal que no conoce, y la que reclama prudencia y respeto al debido proceso cuando el apellido le es familiar. Son como camaleones: cambian de color según la situación, según el nombre del acusado, según si la sangre que corre es la suya o la ajena. Es una fractura profunda que refleja una enorme contradicción: hasta dónde hemos olvidado que la justicia no debe elegir a quién proteger. La justicia no es selectiva; es justa, equilibrada e igual para todos.
La Diosa Temis, símbolo universal de la justicia, sostiene en una mano la balanza para medir con exactitud y en la otra la espada para hacer cumplir la ley; y siempre lleva los ojos vendados: no ve rostros, no distingue apellidos, no favorece a nadie. Ante ella, todos pesan lo mismo.
Los que pregonan a gritos que la Policía Nacional ponga en “29” a presuntos delincuentes son, en la inmensa mayoría, los mismos que cuando ellos cometen un delito o un familiar suyo lo comete, exigen que el sistema judicial los juzgue respetando estrictamente el debido proceso de ley.
No piden ejecución inmediata para los suyos. No piden que se les condene a priori. No celebran supuestos intercambios de disparos cuando el acusado lleva su sangre. Al contrario: reclaman abogados, respeto a la presunción de inocencia, juicio oral, público y contradictorio, con todas las garantías que la Constitución otorga a cualquier persona sometida a un proceso penal. Quieren que se escuche su versión, que se presenten las pruebas y que se respete cada etapa del proceso.
Esa doble moral desnuda la hipocresía más dañina para la convivencia pacífica. Si el derecho a un juicio justo es sagrado cuando nos toca a nosotros, debe serlo también para el resto. La ley no puede ser un escudo para los nuestros y un fusil para los demás. La justicia no tiene favoritos ni miradas selectivas. O es para todos, o no es justicia.
El Estado de Derecho se sostiene precisamente en eso: en que la protección de la ley llega por igual al que vive en un barrio humilde y al que habita en una zona privilegiada. Quien pide la muerte rápida para el desconocido y el juicio justo para el propio no defiende la seguridad: expone su propio privilegio. Y mientras esa mentalidad troglodita no desaparezca, la violencia no se erradicará; solo cambiará de víctima.
Cerrar la brecha entre lo que exigimos para otros y lo que reclamamos para nosotros es el primer paso para tener un país de verdad. No hay seguridad duradera si se construye sobre la injusticia. La ley debe pesar igual en todas las manos, sin importar el nombre, el lugar de nacimiento ni el apellido. Solo así podremos decir que vivimos en una nación donde la justicia es real para todos.
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