Santo Domingo.- Soy abogado, político y cuasi periodista, y como tal no puedo permanecer indiferente ante los problemas que afectan a mi patria. No puedo callar cuando lo que está en juego es la vida, la dignidad y la seguridad de los dominicanos, especialmente de aquellos que menos voz tienen para defenderse.
La República Dominicana arrastra dificultades que debieron ser resueltas hace décadas, pero esto no ha sido posible por la falta de visión, voluntad y compromiso real de la clase política. Se hacen anuncios grandiosos, se firman documentos, se prometen cambios profundos —pero al final todo queda en discursos, mientras la realidad sigue siendo la misma para la gente común.
Es inadmisible que la Policía Nacional, en pleno siglo XXI, siga reprimiendo y quitando la vida a civiles indefensos. La reforma policial que tanto se pregona desde el gobierno ha resultado ser un rotundo fracaso: más de lo mismo, con nuevas etiquetas y viejas prácticas.
Es justo reconocer que en la institución hay muchos policías honestos, trabajadores y bien capacitados, que cumplen su deber con vocación y respeto. Pero quienes la dirigen parecen no tener control sobre esa minoría que ha convertido la existencia de los hombres y mujeres más humildes en un verdadero infierno. Esos malos agentes manchan el nombre de toda la institución y le hacen un daño inmenso al país.
Lo que viven a diario las personas en los barrios, sectores populares y zonas rurales de todo el país no tiene justificación: las arbitrariedades, los abusos de poder y las violaciones a los derechos fundamentales son el pan de cada día. En muchas ocasiones, los agentes actúan fuera de su competencia, allanando sin orden judicial, deteniendo sin causa, cobrando peajes ilegales o usando la fuerza desmedida —sin que nadie supervise sus actuaciones ni responda por ellas. Andan por las calles como chivos sin ley, poniendo en riesgo la vida de personas inocentes.
No debemos olvidar la historia: la Policía Nacional tuvo sus orígenes como un cuerpo destinado principalmente a reprimir a la sociedad y mantener el control durante la dictadura de Trujillo. Han pasado más de sesenta años desde entonces, pero en muchas formas sigue arrastrando esa herencia autoritaria. No basta con cambiar los uniformes; hay que cambiar la mentalidad, la cultura institucional y el propósito mismo de la fuerza pública.
A los policías del siglo XXI hay que educarlos, formarlos y exigirles para que entiendan que los tiempos han cambiado. La democracia es incompatible con un cuerpo represivo que sale a las calles a ejecutar personas, convirtiéndose a la vez en juez y parte. Nadie está por encima de la ley, ni quienes deben hacerla cumplir.
Los nuevos tiempos exigen una policía cercana a la ciudadanía, que proteja en lugar de amenazar, que sirva en lugar de abusar, que trabaje junto al pueblo y no contra él. Pero para lograrlo no basta con discursos ni con cambios de nombres. Se requiere una reforma profunda: selección rigurosa, formación continua, salarios dignos, mecanismos transparentes de control interno y externo, y la voluntad política de sancionar sin miramientos a quien falte.
Y es fundamental decirlo: no toda la responsabilidad recae sobre la institución policial. La clase política, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial también tienen una gran cuota de compromiso en esta situación. Si el Estado no brinda los recursos necesarios; si no se crean sistemas efectivos de supervisión; si los jueces no garantizan que los abusos tengan consecuencias; si se usa la fuerza pública para fines políticos en lugar de para el bien común —entonces el problema no es solo de la policía, sino de todo el sistema.
Mientras no asumamos todos nuestra parte, mientras no tengamos la valentía de cambiar lo que debe cambiar, la sombra de la impunidad seguirá cubriendo nuestras calles. Y la democracia no será completa ni real para todos los dominicanos.
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